Más de mil mineros ilegales salieron de Ataco tras operativo en el sur del Tolima
La intervención de las autoridades en el sector de Puente Amarillo permitió el retiro de más de 1.000 personas que realizaban extracción ilegal de oro en las riberas de los ríos Atá y Saldaña. La gobernadora Adriana Matiz reportó intimidaciones atribuidas a las disidencias, ataques con explosivos contra instalaciones policiales y graves afectaciones ambientales.
La salida de más de 1.000 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro marcó el resultado de un operativo interinstitucional adelantado en el municipio de Ataco, sur del Tolima. La intervención, desarrollada en el sector de Puente Amarillo, buscaba recuperar el control de las zonas afectadas por la minería no autorizada en las riberas de los ríos Atá y Saldaña, donde esta actividad venía generando preocupación por sus consecuencias ambientales y de seguridad.
La información fue entregada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, durante una visita al municipio de Planadas, el 7 de noviembre de 2026. La mandataria explicó que la operación había sido preparada durante varios meses y contó con la participación de la Fuerza Pública y diferentes entidades del Estado. Según indicó, las jornadas de intervención estuvieron acompañadas de dificultades por las amenazas y acciones de intimidación que se presentaron contra los uniformados.
Uno de los episodios más delicados estuvo relacionado con ataques mediante artefactos explosivos, presuntamente lanzados con drones y atribuidos a integrantes de las disidencias de las Farc. De acuerdo con la gobernadora, los hechos incluyeron agresiones contra la Estación de Policía y nuevos ataques durante la noche contra integrantes de la institución. Los uniformados afectados recibieron atención médica en Ibagué y, según el reporte entregado por Matiz, se encontraban fuera de peligro.
La evacuación de las personas que permanecían en los puntos de explotación se realizó de manera escalonada. La gobernadora señaló que entre el domingo y el martes salieron aproximadamente 500 personas, mientras que otras 500 abandonaron la zona durante el viernes 6 de noviembre. Para facilitar su traslado, las autoridades dispusieron vehículos que permitieron llevarlas hacia ciudades como Cali y Medellín, teniendo en cuenta que, según la administración departamental, no eran habitantes del territorio.
Matiz destacó que el procedimiento contó con cerca de 1.000 integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios de distintas instituciones del Estado. Entre los resultados reportados mencionó el desmantelamiento de cambuches utilizados por los mineros, la suspensión de las conexiones eléctricas instaladas irregularmente y la recuperación de espacios ocupados para la explotación aurífera. La mandataria también resaltó que, según el balance oficial, no se registraron personas lesionadas durante el desalojo y que se procuró garantizar el respeto por los derechos humanos.
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el impacto ambiental ocasionado por la explotación ilegal en las fuentes hídricas del sur del departamento. La gobernadora calificó como incalculables los daños causados al río Saldaña y advirtió sobre las consecuencias que estas actividades representan para el ecosistema. La minería de oro sin los controles ambientales correspondientes puede generar alteraciones en los cauces, pérdida de cobertura vegetal, sedimentación y contaminación por sustancias utilizadas durante los procesos de extracción y beneficio del mineral.
Sin embargo, la salida de estas personas no significa que el problema esté completamente solucionado. La Defensoría del Pueblo había advertido en septiembre de 2026 que la extracción ilícita de minerales se estaba extendiendo hacia Chaparral y Coyaima, además de fortalecer las economías de estructuras armadas ilegales. El organismo también alertó sobre los riesgos para las comunidades campesinas, indígenas y víctimas del conflicto, debido a las amenazas, la violencia y las disputas por el control territorial.
Las cifras ambientales evidencian la dimensión del problema. Cortolima reportó en julio de 2026 que las afectaciones por minería ilegal en el sur del Tolima alcanzaban 491 hectáreas, tras identificar daños en coberturas vegetales, zonas protectoras y fuentes hídricas. Además, sus estudios técnicos documentaron alteraciones en los cauces, incremento de la turbidez y afectaciones a los ecosistemas acuáticos. Aunque el desalojo representa una intervención sobre los puntos ocupados, el desafío ahora será mantener la presencia institucional, recuperar las áreas degradadas y evitar que las organizaciones ilegales retomen estas actividades.
