Matiz pide al Congreso reformar las leyes mineras y endurecer la lucha contra la extracción ilegal
Ante la Comisión Quinta del Senado, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, planteó cinco ejes para transformar la legislación minera en Colombia, combatir las economías ilícitas y proteger los ecosistemas. La mandataria insistió en que se necesitan instituciones efectivas y normas que permitan diferenciar la minería artesanal de las estructuras criminales.
La necesidad de transformar las reglas que rigen la actividad minera en Colombia llegó al Congreso de la República por iniciativa de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien solicitó ante la Comisión Quinta del Senado una reforma estructural que permita enfrentar con mayor contundencia la extracción ilegal de oro y sus consecuencias ambientales.
Durante su intervención en Bogotá, la mandataria advirtió que el marco normativo vigente no ha conseguido contener el deterioro de los ecosistemas ni desarticular las actividades extractivas ilegales que afectan diferentes territorios del país, entre ellos municipios del sur del Tolima como Ataco.
Diferenciar la minería artesanal de las estructuras criminales
Uno de los principales planteamientos de Matiz consiste en establecer una separación clara entre los pequeños mineros que desarrollan actividades de subsistencia y las organizaciones dedicadas a la explotación mecanizada ilegal. Según su propuesta, la legislación debe evitar que las comunidades que buscan trabajar legalmente reciban el mismo tratamiento que las redes criminales que destruyen los recursos naturales.
La gobernadora también señaló que es necesario fortalecer los mecanismos de control sobre la maquinaria y los insumos utilizados en la extracción ilícita. Para ello, propuso establecer herramientas institucionales que permitan identificar el ingreso, la circulación y el uso de equipos empleados en operaciones mineras al margen de la ley.
Trazabilidad del oro y persecución a las economías ilegales
Otro de los ejes expuestos está relacionado con garantizar la trazabilidad del oro desde su extracción hasta su comercialización. Esta medida permitiría identificar el origen del mineral, detectar posibles operaciones fraudulentas y cerrar espacios a la comercialización de recursos provenientes de actividades criminales.
La iniciativa también contempla perseguir a quienes financian estas operaciones y participan en el lavado de activos, bajo el entendido de que la minería ilegal no se limita a la extracción, sino que involucra redes económicas y comerciales que facilitan su funcionamiento. Para Matiz, la respuesta del Estado debe alcanzar a toda la cadena de financiación y comercialización.
Formalización y protección ambiental
Como quinto componente, la mandataria propuso generar alternativas reales de formalización y reconversión productiva para las comunidades que dependen de la minería. El propósito es ofrecer oportunidades económicas legales, sin desconocer las condiciones sociales de los territorios, pero evitando que estas sean utilizadas como justificación para mantener actividades que afectan los recursos naturales.
Al concluir su intervención, Adriana Magali Matiz hizo un llamado al Congreso y a las autoridades nacionales para que las decisiones legislativas se traduzcan en acciones concretas frente a la problemática ambiental. “La naturaleza aquí no necesita padrinos políticos de última hora; lo que necesita son instituciones que cumplan, autoridades que actúen y hoy lo que necesitan son leyes que sirvan”, expresó la gobernadora, al insistir en la urgencia de una legislación que permita proteger los territorios y combatir las economías ilícitas.
