El salario mínimo 2026 recupera su vigencia: Consejo de Estado revoca suspensión al aumento del 23%
Tras resolver un recurso de súplica, el alto tribunal dejó sin efectos la medida cautelar que paralizaba el incremento decretado por el Gobierno, ratificando la aplicación inmediata de la nueva remuneración base de $1.746.882 para los trabajadores colombianos.
El panorama laboral en Colombia experimenta un giro decisivo tras la determinación del Consejo de Estado, que ha procedido a revocar la medida cautelar que suspendía provisionalmente el Decreto 1469 de 2025. Con esta resolución, el aumento del 23% fijado por el Gobierno nacional recupera su plena vigencia legal, disipando la incertidumbre jurídica que había paralizado la aplicación de los nuevos ajustes salariales.
La decisión fue formalizada mediante un recurso de súplica interpuesto contra el auto inicial, el cual había puesto en pausa el incremento. El fallo, que ya figura debidamente registrado en el sistema judicial SAMAI, lleva las firmas electrónicas de los magistrados Elizabeth Becerra, Jorge Portocarrero, Jorge Iván Duque y Juan Enrique Bedoya, consolidando la validez del decreto gubernamental mientras prosigue el trámite judicial.
Para los millones de trabajadores colombianos, esto se traduce en la consolidación inmediata de sus ingresos básicos. El salario mínimo mensual para el año 2026 se fija oficialmente en $1.746.882, lo que representa un avance significativo respecto a los $1.423.500 devengados en la vigencia anterior. Este ajuste busca recomponer el poder adquisitivo frente a las presiones económicas del año en curso.
Al incluir el auxilio de transporte, la cifra total que percibirán los trabajadores que tienen derecho a este beneficio alcanza los $2.000.000 mensuales. Esta estructura salarial vuelve a ser obligatoria para los empleadores, quienes deben proceder con el ajuste correspondiente en las nóminas para cumplir con lo estipulado por el Ejecutivo tras este respaldo judicial.
Es importante destacar que el debate jurídico no se centró en la cuantía del incremento del 23%, sino en el rigor técnico y el soporte administrativo del decreto. La suspensión original, dictada por el magistrado Juan Camilo Morales, cuestionaba si la sustentación técnica presentada por el Gobierno cumplía estrictamente con los requisitos exigidos por la legislación colombiana para el cálculo del ajuste salarial.
Si bien la revocatoria de la suspensión es un hecho consolidado en el sistema judicial, el país permanece a la espera de la publicación del texto íntegro del fallo. Este documento detallará los argumentos jurídicos y las razones de fondo que llevaron a los magistrados del Consejo de Estado a considerar que el sustento técnico del Ejecutivo es suficiente, al menos por ahora, para mantener la medida.
El impacto de esta decisión es profundo para la estabilidad de la economía familiar, al garantizar el flujo de recursos previstos por el Gobierno. Mientras no surja una nueva determinación judicial que altere el escenario, los empleadores deben acatar los valores ya ratificados, garantizando así el respeto a los derechos económicos de la fuerza laboral en todo el territorio nacional.
