𝐒𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐛𝐞𝐥𝐢ó𝐧 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐥𝐥𝐚𝐫 𝐚 𝐬𝐮𝐬 𝐡𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐩𝐚𝐫𝐞𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐥𝐢𝐦𝐚.
𝐒𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐛𝐞𝐥𝐢ó𝐧 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐥𝐥𝐚𝐫 𝐚 𝐬𝐮𝐬 𝐡𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐩𝐚𝐫𝐞𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐥𝐢𝐦𝐚.
«No buscamos culpables, solo sus cuerpos»: El desesperado pacto de paz de un grupo de madres que desafía al crimen organizado.
Padres y madres de San Sebastián de Mariquita se constituyen en bloque de búsqueda humanitaria tras la desaparición de siete jóvenes; exigen la intervención inmediata del Gobierno Nacional ante la inoperancia local.
La Defensoría del Pueblo confirma que los hechos coinciden con el escenario de terror advertido en la Alerta Temprana 002 de 2023, marcada por disputas territoriales de estructuras criminales.
Familias denuncian contradicciones institucionales: la Alcaldía asegura haber instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), pero el organismo humanitario señala que no existe evidencia física ni documental de su funcionamiento.
MARIQUITA, TOLIMA. — Bajo la sombra del miedo, la impunidad y el dolor que desgasta la vida cotidiana, siete familias de San Sebastián de Mariquita han decidido unir sus voces en un grito desesperado de auxilio y exigencia. Constituidas como un colectivo de búsqueda activa, las madres y padres de siete jóvenes desaparecidos sistemáticamente entre enero de 2024 y mediados de 2026 han lanzado un contundente video-manifiesto en redes sociales. El objetivo es claro: romper la barrera del silencio institucional, exigir acciones de búsqueda reales y apelar a la solidaridad del país para saber qué pasó con sus hijos.
«No buscamos culpables, no buscamos represalias ni venganzas; solo queremos saber dónde están nuestros hijos», reza el clamor unánime de las familias, quienes se enfrentan al peor de los suplicios: la incertidumbre.
La principal hipótesis que maneja el colectivo, basada en la dolorosa radiografía del territorio, apunta a que los jóvenes habrían sido raptados o instrumentalizados por estructuras delincuenciales organizadas que operan en la región, particularmente aquellas vinculadas a las Autodefensas Gaitanistas del Magdalena Medio.
En medio de la zozobra, las familias no descartan el escenario más cruento: que los jóvenes hayan sido ejecutados de forma arbitraria y sepultados en fosas comunes en zonas rurales de la región. Por ello, hacen un llamado urgente a las autoridades para que activen misiones humanitarias de rastreo que permitan localizarlos, ya sea con vida o, en su defecto, recuperar sus cuerpos para brindarles una sepultura digna y permitir que sus familias inicien el proceso de duelo.
Siete historias devoradas por la ausencia
El drama humano se traduce en nombres, edades y proyectos de vida truncados en un territorio que parece devorar a su juventud de manera silenciosa:
Alejandra Arias León (24 años): Estudiante de cuarto semestre de la Universidad de Caldas. Desapareció el 25 de marzo de 2025. Su madre, Gloria León Bedoya, relata con desgarro: «Perdí toda comunicación con ella sabiendo que se encontraba en este municipio. Desde entonces llevo 16 meses en una búsqueda intensa y sin descanso. Hoy nos hemos unido siete madres para alzar nuestra voz y pedir ayuda».
Michael Camilo Perdomo Acosta (18 años): Desapareció el 7 de enero de 2024 en el sector del río Gualí, en Tierra Libre. Su tía, Daniela Escobar Cardona, suplica empatía: «Hago este llamado para que alguien se ponga la mano en el corazón. Él no es el único joven desaparecido en Mariquita; hay varios. Solo pedimos que nos ayuden a encontrarlo».
Zait Esteban Antíñez Delgado (19 años): Desapareció el 30 de enero de 2026 en un suceso masivo donde también se perdió el rastro de otros cuatro jóvenes. Su madre, Cristina Ruiz Otero, denuncia: «Él se perdió ese día con cuatro muchachos más, cuyas familias tampoco tienen respuestas. Yo solo quiero saber dónde está mi hijo, que ya lleva cinco meses desaparecido».
David Santiago Toro (21 años): Desapareció el 14 de enero de 2026. Sus padres claman por su retorno. «Le pedimos a las autoridades que nos colaboren con el pronto regreso de los muchachos», expresa su padre, Arnulfo Toro. Su madre, Aleud Fayard Arévalo, añade: «Mi niño era un joven amoroso, cariñoso. Pido a las personas que lo tengan que piensen en nosotras, las mamás».
Luisa Fernanda Chavarró: Desaparecida el 30 de enero de 2026. Su caso se suma a la macabra jornada en la que desapareció el grupo de Zait Esteban. Su madre exclama: «Pónganse la mano en el corazón. Todos tienen mamá, hijos o hermanos. Nosotros solo queremos saber de nuestros hijos».
Brayan Fernando Galindo Cruz: Desapareció el 14 de enero de 2026 tras salir hacia el centro de acopio local. Su madre recuerda sus últimas palabras: «’Mamá, me voy para el centro de acopio, vinieron por mí’. Desde esa tarde no volvió a responder llamadas ni mensajes. Puse la denuncia y ya se van a cumplir seis meses de este vacío».
La inoperancia de las administraciones locales contrasta con la gravedad de la crisis. La Defensoría del Pueblo ha sido categórica al advertir que estas desapariciones corresponden a un escenario de riesgo previamente identificado y sistematizado en la Alerta Temprana 002 de 2023. Dicho documento detalla la sangrienta disputa que sostienen las redes criminales por el control de las economías ilegales (microtráfico, extorsión y rutas de tránsito) en el norte del Tolima.
A pesar de que la Alcaldía de Mariquita anunció la realización de consejos de seguridad extraordinarios (los días 3 y 20 de febrero de 2026) y la supuesta instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), la Defensoría del Pueblo ha denunciado públicamente que no existe evidencia física ni soporte documental que verifique la instalación real y efectiva de dicho PMU, exigiendo su activación inmediata.
Por otro lado, la Gobernación del Tolima ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información útil y ha delegado a un investigador de la DIJIN para asumir el caso. Sin embargo, para las familias estas medidas se quedan cortas ante la parálisis de las investigaciones: hasta la fecha, ninguna autoridad ha presentado un solo avance o dato nuevo sobre el paradero de los jóvenes.
Las familias de Mariquita exigen el acompañamiento inmediato de la Fiscalía General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de los medios de comunicación nacionales. Asimismo, solicitan plenas garantías de seguridad al Gobierno Nacional, pues realizar labores de búsqueda comunitaria en zonas bajo control de economías ilegales las expone a graves amenazas, persecución y violencia armada.
